En diálogo con Todo Provincial, la geógrafa e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Patricia Pintos, manifestó preocupación por la reforma a la Ley de Glaciares y denunció irregularidades en el proceso de la audiencia pública, instancia clave para garantizar la participación ciudadana en la discusión.
Luego del plenario de comisiones del 4 de marzo, se convocó a una audiencia pública los días 25 y 26 con más de 60 mil inscriptos interesados. Sin embargo, el oficialismo cambió las condiciones de participación pocos días después de la convocatoria.
Estos cambios establecen un cupo reducido por jurisdicción para la exposición directa, mientras que la mayoría de los interesados debe intervenir a través de videos o escritos. “Esto desvirtúa el espíritu de la audiencia pública, que es escuchar a todos los sectores y generar un intercambio genuino”, advirtió Pintos.
La investigadora señaló además que no hay garantías claras de que los legisladores analicen todo el material presentado, lo que debilita la instancia participativa. En respuesta, ya se presentaron amparos judiciales para cuestionar la legalidad de estas modificaciones.
Reforma favorece intereses vinculados a la megaminería
Pintos señaló que la reforma está orientada a beneficiar la megaminería, con inversiones previstas para la explotación de minerales como litio y cobre.
Uno de los puntos más controversiales es el traslado de la decisión sobre las áreas protegidas desde organismos técnicos nacionales a las provincias, lo que implica un retroceso en la protección ambiental y genera incertidumbre sobre los criterios de aplicación en cada jurisdicción.
“Este cambio debilita un esquema que establecía un piso mínimo común para la protección ambiental en todo el país”, explicó la investigadora.
Agua dulce, núcleo de la discusión
Pintos enfatizó la importancia fundamental de los glaciares para el abastecimiento de agua dulce, especialmente en zonas con climas áridos y semiáridos.
“Son sistemas que abastecen a millones de personas. Sin estos reservorios, muchas provincias comprometerían su suministro básico de agua”, afirmó.
Advirtió además que las zonas periglaciares, destinadas a actividades mineras proyectadas, cumplen un rol clave en mantener el equilibrio hídrico regional.
Impacto ambiental y modelo económico en cuestionamiento
La especialista explicó que la megaminería es una actividad altamente invasiva, que emplea cientos de toneladas de explosivos, consume grandes cantidades de agua y energía, y genera contaminación por químicos.
“El problema no es la minería en sí, sino dónde se desarrolla”, indicó Patricia Pintos, y destacó que más del 99% del territorio nacional podría explotarse sin afectar glaciares. “El riesgo está en avanzar sobre zonas críticas para el ambiente”, añadió.
Cuestionó además la comparación frecuente con Chile, país donde la minería de cobre se realiza principalmente en zonas desérticas sin glaciares, y con reservas minerales mucho mayores. “No se pueden trasplantar modelos sin considerar las condiciones ambientales propias de Argentina”, advirtió.
Resistencia social y alerta en provincias
Pintos destacó que organizaciones socioambientales de provincias como Chubut y Mendoza, con gran trayectoria en defensa del agua y contra la megaminería, ya manifestaron su rechazo a la reforma.
Otras provincias que dependen del agua del deshielo glacial también expresan inquietud frente a los cambios legislativos.
“Existe una conciencia ambiental consolidada y activa en defensa del recurso esencial que es el agua”, concluyó.
Disyuntiva entre desarrollo sustentable y modelo extractivo
Finalmente, Pintos puso en el centro del debate la necesidad de un modelo económico y ambiental sustentable. “Está en juego la sostenibilidad de la vida. El extractivismo contempla un horizonte de corto plazo y deja de lado los impactos a largo plazo”, alertó.
Concluyó con una reflexión clara: “La discusión es si se prioriza la megaminería o se protege el agua, recurso estratégico para las generaciones presentes y futuras”.
