Geólogos y organizaciones ambientalistas advirtieron que un proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Glaciares (26.639) implicaría un retroceso en materia ambiental.
Este jueves se desarrolla la segunda jornada de audiencias públicas, convocadas por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares (26.639). La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado, se enmarca en una propuesta para reformar los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial.
El miércoles se realizó una jornada presencial, con la participación de más de 90 oradores de distintas organizaciones. Para el jueves se estima la presencia de 200 expositores en modalidad virtual.
En total, más de 102 mil personas se anotaron para participar, aunque la participación efectiva sería limitada. Según Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “más del 99 % de los inscriptos no va a poder participar y, por lo tanto, no van a poder expresarse en la audiencia”.
Napoli señaló que el modo de implementación puede derivar en conflictos institucionales y judiciales: “Va a generar un conflicto, sin duda, no sé si presente, pero sí futuro a la Cámara de Diputados y a la propia sanción de la ley, porque va a haber muchos reclamos judiciales. Esto no se quiso hacer graciosamente, se hizo para cumplir con un acuerdo internacional, que es el Acuerdo de Escazú. Esto no tiene de abierto e inclusivo absolutamente nada y mucho menos de audiencia pública”, apuntó.
El Acuerdo de Escazú, que Argentina ratificó por ley, obliga a los países adheridos a llevar adelante procesos de participación pública en la toma de decisiones ligadas a temas ambientales.
Una ley que, según especialistas, sería un retroceso
Desde el Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario “Dr. Jorge E. Schnack” (IGCyC), de la UNMDP y la CIC, indicaron su preocupación por el proyecto que busca reformar la norma. De acuerdo con la información difundida, el 19 de marzo la institución envió una nota a autoridades y vocales de las comisiones de Diputados con competencia en la iniciativa, donde expresaron que la eventual reforma implicaría un retroceso ambiental.
En el documento, advirtieron que “si esta se lleva adelante sería un grave retroceso en materia ambiental que afectaría la calidad del ambiente, impactaría negativamente en los procesos productivos que dependen del agua, la biodiversidad y en la salud de las personas”.
En diálogo con Bacap, el director del instituto, Daniel Martínez, sostuvo la relevancia de la ley vigente, lograda a partir de un consenso y de un trabajo previo impulsado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), donde —según detallaron— se desempeñan especialistas en la materia.
Martínez explicó que la norma vigente contemplaba un acuerdo de protección para zonas glaciares y periglaciares, vinculadas tanto a reservas hidrológicas como a sistemas de agua congelada. En esa línea, afirmó que la modificación “abre diversas posibilidades de interpretación y pone en riesgo muchos ambientes, especialmente los periglaciares, que no están explícitamente considerados”. El investigador es doctor en Ciencias Geológicas e integra el CONICET.
La Ley de Glaciares, recordaron, estableció la realización de un inventario de glaciares y prohibió avanzar con exploraciones mineras o hidrocarburíferas en áreas con glaciares o ambiente periglacial.
Durante las audiencias públicas, el director del IANIGLIA, Pablo Villagra, sostuvo: “El inventario Nacional de Glaciares incluye todos los glaciares, manchones de nieve perennes y glaciares de escombro, de más de una hectárea, a lo largo de toda la cordillera, incluyendo las islas del Atlántico sur. Se detectaron 16.078 glaciares en el área continental y casi 17.000 incluyendo las islas, y es casi el 0,8 % de la superficie de la cordillera, no del país, de la cordillera”.
Villagra también argumentó que el texto aprobado en Senadores “no representa una mejora respecto a la ley vigente, porque deja áreas con hielo sin proteger”, al tiempo que remarcó que no elimina ambigüedades sino que “genera nuevas ambigüedades”. Además, advirtió que “desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina a decisiones políticas de las autoridades competentes de cada provincia”.
Por su parte, Napoli cuestionó que en la nueva propuesta el inventario quedaría sujeto a definiciones provinciales. Señaló que “el inventario ‘ya queda en duda’ porque las provincias van a tener que constatar si los glaciares que tienen en sus territorios son considerados reserva hídrica estratégica”. En ese marco, sostuvo: “Vamos a pasar de un sistema científico, que lleva adelante el IANIGLIA, a un criterio de definición política. Van a ser las provincias las que van a decir si un glaciar es de reserva estratégica o no”.
Desde FARN, Napoli también advirtió que el proyecto habilita la explotación minera en glaciares y en geoformas periglaciares. “Las geoformas periglaciares generalmente son los glaciares de escombro y son los que, en definitiva, necesitan tener liberados en este momento porque los proyectos que promueven están situados sobre glaciares de escombros”, indicó.
Martínez, en tanto, señaló que la nueva normativa deja de lado un principio que consideró implícito en la norma previa. Recordó que, en su visión, la Constitución de 1994 establece que una ley de presupuestos mínimos debe operar como preservación ambiental, y que allí las provincias pueden tomar medidas más restrictivas, pero no más permisivas. En ese sentido, afirmó que el proyecto tensiona ese marco.
No a la modificación de la Ley de Glaciares que son el agua necesaria para conservar la vida.
Permitir que se realicen tareas de minería sobre ellos representa un daño irreversible. Sin agua, no hay vida.No lo permitamos.
Indio. pic.twitter.com/GItCxgZkZR
— Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) March 26, 2026
El “Indio” Solari se manifestó en contra de la modificación de la Ley de Glaciares en X.
Napoli agregó que, a su entender, la reforma impacta en el esquema constitucional: “Acá se da vuelta, y son las provincias las que van a fijar el piso de protección, lo cual engloba una reforma constitucional encubierta. Por otro lado, también es una ley regresiva porque claramente va a proteger menos”.
Glaciares: el valor del recurso hídrico
Los especialistas recordaron que los glaciares son masas de agua congelada con relevancia directa como reserva hídrica. En ese sentido, Martínez sostuvo que “todos los glaciares, sea cual sea su tamaño, acumulan la nieve, se compactan y actúan como reservas de agua”.
“El hielo contenido en los glaciares tiene desde algunos cientos hasta miles de años o décadas dependiendo del tamaño, es decir, no es algo que se pueda regenerar rápidamente”, añadió. Remarcó que el deshielo y la infiltración en la base de los glaciares contribuyen a recargar acuíferos y a iniciar corrientes de montaña, que luego dan origen a ríos.
En esa línea, indicaron que el cuidado del agua dulce resulta clave porque, en regiones más áridas y con menor conservación del recurso, los glaciares liberan agua durante todo el año. “Como no hace tanto frío, el clima es muy árido, el agua no se conserva, la liberan y proveen agua durante todo el año. Esa es la función fundamental que están cumpliendo los glaciares”, describió Martínez.
Impactos que, según el análisis, también alcanzarían la costa
La nota del IGCyC remarcó que las comunidades locales serían las más afectadas por la explotación minera debido al impacto sobre el recurso hídrico, los procesos productivos, la biodiversidad y la salud. “Las más afectadas por la explotación minera son las comunidades locales, ya que, como indica la nota del IGCyC, la actividad impacta de manera negativa en el recurso hídrico, en los procesos productivos, en la biodiversidad y en la salud de las personas”.
Además, el geólogo sostuvo que podrían considerarse consecuencias para la costa atlántica. Señaló que, en su perspectiva, la explotación minera podría acentuar los efectos del cambio climático sobre los glaciares andinos de Argentina y que la desglaciación repercutiría en el nivel del mar. En ese marco, expresó: “el retroceso de glaciares y la desglaciación por cambio climático va a producir aumento del nivel del mar con un impacto directo sobre nuestra costa”.
Martínez también advirtió sobre el potencial efecto en la producción hidroeléctrica en la Patagonia: “El avance de la actividad minera sobre los glaciares podría impactar sobre la producción de energía hidroeléctrica en la Patagonia”. Puntualizó que, en Neuquén, represas como las vinculadas al Piedra del Águila y al complejo El Chocón-Cerros Colorados dependen de glaciares que aportan al sistema. Y agregó: “Todos los glaciares que están en la provincia de Neuquén, como el Piedra del Águila o la represa de El Chocón-Cerros Colorados, son represas destinadas a producir energía eléctrica que si, por retracciones a presión de esos glaciares, esa energía no se puede producir, esa energía nos abastece porque estamos interconectados al sistema eléctrico nacional, y recibimos energía eléctrica de esos lugares también. Eso puede ser un impacto que tengamos de manera más o menos directa o indirecta”.
Martínez concluyó destacando la importancia de mantener la ley vigente que protege estos recursos estratégicos para la provincia de Buenos Aires y el país, vinculando el cuidado ambiental con el desarrollo sustentable.
