La Corte Suprema de Justicia de la Nación celebró la primera audiencia en la demanda que la Provincia de Buenos Aires, liderada por el gobernador Axel Kicillof, sostiene contra el gobierno nacional de Javier Milei debido a los recortes en las transferencias a la seguridad social.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, encabezó la delegación provincial, acompañado por el fiscal de Estado, Hernán Gómez, la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
Al concluir la audiencia, López valoró el espacio institucional y afirmó: "Gracias a este espacio dispuesto por la Corte pudimos plantear el reclamo por la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la Provincia por el sistema jubilatorio, que ya supera los $2,2 billones".
Compromisos para nuevo encuentro
Se acordó un próximo encuentro para el 21 de abril, donde el Gobierno nacional se comprometió a estudiar el reclamo en detalle. López expresó su esperanza: "Esperamos que para esa fecha se reconozca la deuda y se asuma un compromiso de solución a este incumplimiento".
El ministro recordó que esta demanda es una de las siete que la Provincia mantiene contra Nación, que en conjunto suman alrededor de $15,6 billones por transferencias no automáticas y obras pendientes.
Resaltó además: "Desde la gestión de Axel Kicillof seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla con sus obligaciones y recupere recursos vitales para más de 17 millones de bonaerenses".
Reclamos y desequilibrios en coparticipación
Entre los reclamos, la Provincia destaca fondos esenciales afectados como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Compensación al Transporte del Interior y el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Además, apunta que estos reclamos se dan en un contexto de caída de la recaudación producto de la recesión económica.
La Provincia señala que Buenos Aires aporta cerca del 38% de la recaudación nacional, pero recibe apenas el 7%, mientras que la Nación retiene aproximadamente el 70% de los recursos. Este desequilibrio en el régimen de coparticipación limita la capacidad bonaerense para sostener servicios esenciales.
El recorte en transferencias, advierten desde el Gobierno provincial, afecta seriamente a la prestación de servicios básicos para más de 17 millones de habitantes, aumentando la presión sobre las finanzas públicas y la calidad de vida en el distrito.
