Los trabajadores de la Superintendencia de Servicios de Salud enfrentan un grave conflicto sindical y adoptaron la inusual modalidad de protesta conocida como "paro a la japonesa", que consiste en reforzar la atención al público y acelerar la resolución de reclamos para poner en relieve el rol clave del organismo en la garantía del derecho a la salud pública.
Desde ATE en la Superintendencia, señalaron que la gestión de Claudio Stivelman impulsa un vaciamiento institucional, persecución laboral y paralización de funciones esenciales, afectando negativamente a beneficiarios del sistema sanitario público.
Leandro Martín Castro, secretario general del sector, confirmó que ya hubo dos paros nacionales y adelantó que las medidas continuarán ante lo que calificó como "desmanejos, irregularidades y persecución" por parte del actual superintendente.
Parálisis en trámites y afectación al derecho a la salud
Una denuncia central es la paralización intencional de los reclamos, muchos relacionados con prestaciones médicas urgentes, que, según los trabajadores, "están cajoneados por decisión del superintendente", situación que representa un ataque directo al derecho a la vida, dada la importancia de la pronta resolución para acceder a tratamientos.
También criticaron la implementación del sistema de mediación prejudicial no obligatoria PROMESA, que traslada costos a los beneficiarios y fomenta la judicialización en lugar de facilitar soluciones.
Desde ATE indicaron: "La gestión promociona un sistema de mediación prejudicial que genera honorarios y costas a cargo del beneficiario y alienta la judicialización de los conflictos".
Discriminación y presiones laborales denuncidas
El conflicto incluye señalamientos de discriminación en la cobertura de salud de trabajadores estatales, especialmente contra afiliados que no pertenecen al sindicato UPCN, debido a las prácticas extorsivas en coseguros aplicados por la Obra Social Unión Personal.
Denunciaron además que la gestión avala prácticas que violan la ley de obras sociales, la ley antidiscriminatoria y la Constitución Nacional.
Asimismo, alertaron sobre la imposición ilegal de coseguros en intervenciones quirúrgicas por otras obras sociales, contrarias al Plan Médico Obligatorio.
En relación con las condiciones laborales, los trabajadores expresaron que Stivelman presiona para no tomar reclamos ni actuar conforme a la normativa vigente, "cajoneando trámites y exigiendo informes externos a la ley".
Protesta activa para visibilizar el rol del organismo
Como respuesta, se llevan adelante los "paros a la japonesa", aumentando la productividad y calidad en la atención durante las medidas de lucha para demostrar el rol fundamental del personal en el acceso a la salud.
Desde ATE explicaron: "Orientamos las medidas de fuerza a mejorar atención y acelerar la resolución de reclamos".
El gremio enfatizó que el conflicto impacta directamente en los derechos de los usuarios y trabajadores: "Esta situación no solo amenaza a los empleados estatales con despidos y extorsiones, sino que deteriora la atención sanitaria y el acceso a la salud y vida de nuestra comunidad".
Finalmente, llamaron a la solidaridad social para fortalecer el reclamo: "Apelamos a la sociedad y beneficiarios a respaldar nuestras demandas".
