El juez federal Martín Bava dispuso una medida de no innovar en el cementerio municipal de Villa Gesell ante la fundada sospecha de que en ese lugar podrían estar enterradas víctimas de los vuelos de la muerte cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Dicha decisión surge tras el testimonio de una vecina local, quien aportó información sobre la existencia de tumbas sin identificar en el predio, lo que impulsó a la querella a solicitar la preservación del sector para asegurar su integridad y permitir futuras investigaciones.
Testimonio clave revela tumbas sin registro
El 2 de marzo, Marcela González, de Villa Gesell, declaró ante el juez Bava sobre el relato de su madre, quien desde 1975 trabajaba en la Municipalidad y a comienzos de los 80 fue enviada a revisar el cementerio local, donde detectó numerosas tumbas no registradas oficialmente.
González recordó: “Mi mamá trabajó en la Municipalidad desde 1975. A principios de los ‘80, la mandan a hacer un relevamiento en el cementerio local porque había muchas tumbas que no estaban anotadas en el libro”.
Además, agregó: “Cuando mi mamá va a hacer el relevamiento se encuentra con que había un montón de tumbas que no tenían nombre, ni registro ni nada. Habla con este señor (…) y él le dice que son personas que han llevado de noche”.
El testimonio indica que el encargado del cementerio informó que los cuerpos eran trasladados por un efectivo policial. Se identificaron al menos 18 tumbas NN y una contenía restos de dos personas, sumando 19 posibles víctimas enterradas sin registro.
Avances judiciales para proteger el lugar
Con estos elementos, el juez Bava ordenó la preservación de la sección L del cementerio, que comprende las sepulturas ingresadas entre 1976 y 1983, coincidentes con el período de la dictadura militar.
Solicitó además el acceso a los libros oficiales, un relevamiento detallado de las tumbas sin identificación y reportes sobre las modificaciones efectuadas desde su origen.
La resolución también consideró un decreto municipal que autorizaba limpiezas con exhumaciones en sepulturas sin regularización, lo que podría comprometer evidencias esenciales para la causa.
Contexto histórico: el horror de los vuelos de la muerte
Los vuelos de la muerte fueron un método de la dictadura para hacer desaparecer a detenidos-desaparecidos, arrojándolos desde aviones al mar o ríos para evitar su identificación y castigo judicial.
En investigaciones previas, el juez Bava procesó en 2022 a ex funcionarios judiciales, policiales y médicos por encubrimiento tras el hallazgo de 14 cuerpos en la costa bonaerense en 1978.
Se identificaron víctimas secuestradas en centros clandestinos como el Olimpo y la ESMA, incluyendo a reconocidas luchadoras de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce y Esther Ballestrino, y la monja francesa Leonie Duquet.
Estudios judiciales y académicos confirman que entre 1976 y 1979 aparecieron al menos 76 cuerpos en costas bonaerenses y uruguayas, con 43 identificados.
Como ratifican recientes fallos: “Los vuelos de la muerte han sido debidamente probados en sede judicial, sin margen de dudas”, subrayando la gravedad de estos crímenes y la responsabilidad de sus responsables.
