La concesión del Estadio Minella y el Polideportivo Islas Malvinas se convirtió nuevamente en foco de debate político en Mar del Plata.
Por Juma Lamacchia
Tras el final de la temporada de verano, el Estadio Minella y el Polideportivo presentaron una intensa actividad con eventos musicales y deportivos, bajo la administración de Minella Stadium S.A., responsable de la concesión desde fines de 2025 y por un plazo de 30 años. Sin embargo, a pesar del uso activo, no se registran avances visibles en las obras comprometidas en el pliego contractual, y no existen informes oficiales del gobierno municipal que lo acrediten, situación que generó cuestionamientos de parte de la oposición.
En este contexto, los concejales opositores solicitaron el acceso al contrato de concesión con Minella Stadium S.A. y presentaron dos proyectos la semana pasada: uno para realizar inspecciones técnicas en ambos recintos y otro para citar a representantes de la empresa a fin de aclarar el estado de las obras y despejar dudas sobre el cumplimiento del contrato.
Estas acciones emergen, en particular, ante el silencio del Ejecutivo local frente a consultas relacionadas con los allanamientos vinculados a la causa judicial sobre Sur Finanzas, el retraso en el inicio de trabajos y la ausencia de una presentación formal de un plan de ejecución por parte del concesionario.
Durante el análisis de estos proyectos en la Comisión de Deportes y Recreación, la mayoría oficialista decidió rechazarlos y prefirió aguardar los informes que enviará la Secretaría Legal y Técnica. En este marco, cabe mencionar que Mauro Martinelli, titular de dicha Secretaría, y Sebastián D’Andrea, presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), declararon ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora el pasado 24 de febrero. Fuentes oficiales aclararon que ambos funcionarios brindaron exclusivamente información administrativa en el proceso.
El concejal oficialista Fernando Muro calificó la solicitud de inspección como una maniobra política desproporcionada para esta etapa del contrato, recordando que la concesión se otorgó hace poco más de tres meses y que, dada la dimensión de las obras, aún no correspondería evaluar avances como propone la oposición.
Control y supervisión del contrato de concesión
El control formal del contrato recae en el Ejecutivo municipal a través del EMDER, autoridad de aplicación responsable de aprobar proyectos de obra, supervisar su ejecución, mantener el estado edilicio y aplicar sanciones ante incumplimientos.
El área superior, la Secretaría Legal y Técnica, interviene para validar jurídicamente el contrato, interpretar cláusulas y tomar decisiones de fondo cuando es necesario.
Sin embargo, la fiscalización depende de un organismo vinculado al mismo poder municipal que impulsó y aprobó la concesión, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia e independencia en el control de un contrato público que incluye compromisos de inversión millonarios y un período inicial sin pago de canon.
Este esquema de supervisión genera un debate público intenso y demanda mayor claridad sobre controles externos y acceso a información pública respecto a la gestión y cumplimiento de un contrato a largo plazo.
